A más de un año de la sanción de la ley que establece el juicio en ausencia, el juez federal Daniel Rafecas ha dispuesto el procesamiento de ocho acusados por el atentado a la AMIA. Este ataque, que tuvo lugar en 1994, dejó un saldo de 85 muertos y cientos de heridos.
Los procesados incluyen a siete iraníes y un libanés, todos ellos actualmente prófugos. Entre los principales acusados se encuentran Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia de Irán; Alí Velayati, excanciller; y Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria, quienes son considerados los autores intelectuales del atentado.
Además, se ha procesado a Hadi Soleimanpour, exembajador de Irán en Argentina; Mohsen Rabbani, exconsejero cultural de la embajada iraní; y Ahmad Asghari, exagente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria. El octavo acusado es Salman Raouf Salman, también conocido como Samuel El Reda, un agente de Hezbollah al que se le atribuye la coordinación final del ataque.
La posibilidad de llevar a cabo este juicio en ausencia fue respaldada por un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó la legitimidad y constitucionalidad de este proceso. Se estima que el juicio podría comenzar entre 2027 y 2028, ante un tribunal aún por designar.
La defensa, liderada por el defensor general interino de la Nación, Julián Langevin, ha cuestionado esta decisión, alegando un estado de indefensión para los acusados. Sin embargo, el fiscal general Raúl Pleé ha argumentado que Langevin ha excedido sus facultades legales en este contexto.
Recientemente, la Cámara declaró inadmisible el recurso extraordinario federal presentado por la defensa, lo que impide que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia por esa vía, aunque la defensa aún tiene la opción de acudir al máximo tribunal mediante un recurso de queja.
La jueza Ángela Ledesma votó en disidencia, argumentando que se debe proteger el derecho de defensa en juicio, lo cual podría implicar la intervención de la Corte. La controversia en torno a este caso resalta la importancia de garantizar la igualdad ante la ley y el respeto por los derechos individuales en el sistema judicial.
Este desarrollo es significativo, ya que representa uno de los cambios legales más relevantes en la historia reciente, permitiendo juzgar a acusados que no están presentes. A medida que avanza este proceso, la sociedad continúa demandando justicia por el peor atentado terrorista sufrido en el país.
Fuente: La Nación
