La situación educativa en la provincia ha alcanzado niveles críticos, con un total de 25 días de clases perdidos hasta la fecha. Este escenario se ha visto exacerbado por un aumento en las protestas docentes, impulsadas por la reciente salida de Roberto Baradel de la conducción del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba).
A partir de marzo, cuando se produjo la primera huelga docente bajo la gestión del gobernador Axel Kicillof, el clima de tensión ha ido en aumento. En octubre, el anuncio de un aumento salarial del 6% en dos tramos generó una ola de paros que afectaron la continuidad de las clases. En solo 20 días hábiles de octubre, se registraron 10 jornadas de paro, lo que impacta negativamente en la organización familiar y la previsibilidad del calendario escolar.
Las protestas no solo fueron convocadas por Suteba, sino que también la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se sumó a las movilizaciones, lo que provocó el cierre de escuelas y la suspensión de actividades en varios colegios. El contexto se complicó aún más tras el asesinato de la docente Nancy Godoy, que llevó a una nueva huelga el 29 de octubre. En esta semana, muchos estudiantes solo asistieron a clases durante dos días.
Desde el inicio del ciclo lectivo, factores como capacitaciones, desinfecciones y paros de transporte han contribuido a la reducción efectiva de días de escolaridad. A pesar de la magnitud del problema, la Dirección General de Escuelas no realiza un seguimiento formal de las jornadas perdidas ni reporta el ausentismo docente.
En comparación, Brasil ha implementado políticas educativas que priorizan la inversión en educación, con un salario mínimo nacional para docentes que ha duplicado su valor desde 2008. La experiencia brasileña subraya la importancia de destinar recursos a la educación, lo que ha generado mejoras significativas en los niveles de alfabetización y rendimiento escolar.
La creciente conflictividad sindical y la falta de acción del gobierno provincial han dejado a millones de estudiantes en una situación de vulnerabilidad educativa. La urgente necesidad de encontrar un equilibrio entre el derecho a la protesta y el derecho a la educación se hace evidente ante un panorama que amenaza el futuro de los jóvenes y la calidad de la enseñanza en el país.
Fuente: La Nación
