Desde 2017, las exportaciones pesqueras argentinas generaron unos 2000 millones de dólares por año y convirtieron al sector en el octavo complejo exportador neto del país, donde el consumo interno de pescado se mantiene muy reducido (5 a 6 kilos anuales por habitante vs.19 kilos a nivel mundial) pese a sus propiedades nutricionales.
Según datos de 2025 procesados por Intercámaras, que agrupa a las cinco principales entidades empresarias del sector, las ventas externas totalizaron US$2066 millones, con una suba interanual de 3,4%. Las más relevantes se focalizaron en tres especies: langostino entero y colas de langostino (US$867 millones), calamar Illex (550 millones) y merluza hubbsi fileteada o congelada (378 millones, incluyendo18% de merluza negra). Más lejos se ubicó la centolla, con US$26,5 millones.
Los principales mercados externos fueron China (23%), España (18%), Estados Unidos (8%), Italia (6%), Japón (4%), al igual que Tailandia, Perú y Brasil, seguidos por Rusia (3%) y Corea del Sur (2%).
Las capturas en el mar argentino frente a las provincias de Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Tierra del Fuego son realizadas por 200 empresas (atomizadas entre pymes nacionales y firmas multinacionales), que emplean a 46.000 personas de forma directa, cuentan con más de 1000 buques pesqueros (entre ellos, poteros para calamar, arrastreros y tangoneros para langostino), así como 140 plantas procesadoras y frigoríficos autorizados para exportar a la Unión Europea.
Aunque la captura marítima representa el 98% de la producción pesquera local, que en el año último fue de 835.077 toneladas, su estacionalidad está cambiando y torna más volátiles los datos estadísticos.
Sin ir más lejos, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró semanas atrás por la red X un récord de exportaciones por US$867 millones en el primer cuatrimestre de este año (con un alza interanual de 28% en volumen), pero, como informó LA NACION, la tendencia se revirtió en mayo. Otro tanto ocurre con el índice de producción industrial pesquero del Indec, que en el mismo cuatrimestre mostró un aumento de 16,1% interanual y una caída de 35,5% en abril comparada con el mismo mes de 2025.
El IPI pesquero incluye además a la acuicultura (cría de peces -como trucha salmonada- en grandes embalses lacustres), que mostró un comportamiento más homogéneo, con aumentos acumulados en el cuatrimestre de 28% interanual y de 39,5% en abril con respecto al mismo mes del año último. Eduardo Boiero, presidente de Capeca (Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la República Argentina), explica que los cambios climáticos, la suba de costos y las áreas de veda o manejo pesquero en el litoral marítimo modificaron las formas y zonas de pesca. “Antes se pescaba langostino todo el año en el Golfo San Jorge y ahora entre abril y fin de septiembre, así como en Rawson entre noviembre y marzo. La temporada de calamar va de enero a agosto, pero hay más capturas en junio y julio”, detalla.
Por eso aclara que las cifras parciales de descargas y exportaciones no pueden proyectarse a todo el año y que el salto del primer cuatrimestre obedece a su comparación con 2025, cuando la pesca de langostino y calamar fue afectada por conflictos sindicales, que lograron ser resueltos este año tras un acuerdo basado en una parte salarial fija y 80% atada a la producción con tres escalas de precios en promedio trimestral (alrededor de 6 dólares por tonelada).
La industria pesquera está regulada por una ley sancionada en 1997 (la 24.922), que solucionó disputas entre la Nación y las provincias, principalmente Chubut y Santa Cruz. También creó el Consejo Federal Pesquero (CFP), integrado por 5 representantes provinciales del litoral marítimo y otros tantos del Poder Ejecutivo nacional, que determinó para cada jurisdicción un área de pesca en 12 millas náuticas desde la costa.
Precisamente, una resolución del CPF dictada hace un mes otorgó permisos para la captura de calamar y langostino, junto con garantías de cumplimiento y un canon por buque congelador, ya que el sector se autodefine como extractivo e industrializador de un recurso renovable si se lo administra y explota correctamente.
Desde fines de 2023, las cámaras empresarias vienen reclamando -sin éxito- la eliminación de retenciones a la exportación, fijadas en 6% para langostino, 9% para calamar y merluza negra y 3% para productos elaborados. Sobre todo, por los aumentos de costos de combustibles, carga y descarga y mano de obra, que en los últimos dos años superaron –y en ciertos casos más que duplicaron- la variación del tipo de cambio mayorista. Intercámaras sostiene que esta situación afecta la rentabilidad y la competencia en mercados internacionales frente a otros países que otorgan subsidios o son signatarios de acuerdos de libre comercio o rebajas de aranceles.
Por su parte, Sebastián Agliano, presidente de la Asociación de Empresas de Pesca Costera de Mar del Plata, señala que para ahorrar combustible se dedican a especies más generales como corvina rubia y pescadilla, que se acercan más a la costa. También capturan otras más codiciadas, como lenguado y pez limón, que tienen demanda en los Estados Unidos aunque en volúmenes reducidos porque el 60% del costo es gasoil. La flota se compone de 13 clásicas lanchas amarillas de pesca artesanal y 45 buques “fresqueros” de mayor porte, algunos de los cuales pescan langostino más al sur.
Para más detalles, el empresario añade que las empresas pesqueras más pequeñas en un 70% no son integradas, por lo cual trabajan como productores primarios que extraen el pescado y lo venden a terceros que lo procesan y exportan. Por lo general se envían enteros debido a que los costos de procesamiento (insumos, enfriamiento, envases, etc.) tornan muy poco competitivos los precios. De ahí que el langostino, por ejemplo, sea congelado en bloque y enviado a otros países para su procesamiento.
En algunos casos, el producto llega acondicionado con hielo en camiones frigoríficos para mantener la cadena de frío y luego se descongela para ser procesado por terceros. En cambio, la merluza lleva un proceso local de fileteo para ser congelada y exportada.
El puerto marplatense, que cuenta con fábricas procesadoras, es el principal punto de descarga de merluza, incluso para los buques que pescan al sur del paralelo 42. Otros “fresqueros” que capturan langostinos o merluza descargan contenedores que envían por camiones refrigerados al puerto de Buenos Aires para su posterior exportación. Incluso, en el caso de langostinos, hay quienes los exportan a terceros mercados desde Paraguay, donde pagan menos IVA y están exentos de retenciones.
Agliano completa el cuadro de situación señalando los problemas de dragado y costos de practicaje en el puerto de Mar del Plata, donde en una época se despachaba un buque portacontenedores por semana a Santos (Brasil) y ahora va solo una vez por mes. Otra preocupación son los aportes a las ART, que ascienden a 22% para los trabajadores pesqueros por mayor riesgo, pero también se extienden al personal administrativo lo cual multiplica los juicios y sus costos.
Acciones contra la depredación
A estos factores se agrega el crónico problema de la pesca ilegal por flotas extranjeras en aguas adyacentes a la zona económica exclusiva (ZEE) de 200 millas náuticas. Se estima que unos 500 barcos, en su mayoría chinos, pero también coreanos, taiwaneses y españoles, capturan migraciones de merluza y salmón ya que, a diferencia de la plataforma argentina, en el Atlántico sur no existía disposición alguna de conservación de especies.
En este marco, el capitán de navío Eugenio Facchin, veterano de guerra de Malvinas, destaca que semanas atrás la Argentina adhirió por ley al AMERP (Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto), impulsado por la FAO y de carácter vinculante, en el que 85 Estados miembros se comprometen a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no reglamentada ni declarada, con seguimiento de inspectores internacionales.
El objetivo es impedir que buques extranjeros no autorizados utilicen los puertos para desembarcar sus capturas, abastecerse o comercializar sus productos. A juicio del especialista, el acuerdo significa un gran avance en materia de intercambio de información. Y que si bien hay lugares donde se respeta, advierte que prevé multas pero no sanciones penales a los capitanes de buques interdictos, que suelen trasladarse a otros barcos.
Facchin sostiene que “el mundo se está dando cuenta de que la pesca será fundamental para la alimentación humana y, además de la depredación, que en África ha hecho desaparecer especies, está afectada por la contaminación de nanoplásticos, también producto de la actividad humana”.
A nivel local, explica que, si no se respetan las áreas de veda de pesca de langostino en el mar argentino, las pérdidas pueden ser millonarias. En este sentido, valora la actividad científica del Inidep (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, con sede en Mar del Plata), que viene trabajando con Canadá un proyecto muy avanzado de identificación genética de especies marinas con código de barras.
También señala que el AMERP establece que los pesqueros de mayor porte deben tener un sistema de identificación automática (AIS), con datos estáticos (tipo de embarcación, dimensiones, matrícula, etc.) y dinámicos (posición y velocidad) para detectar si está pescando ilegalmente, al igual que la fotografía satelital, aunque hay casos de alteración de esos equipos.
Por otra parte, el oficial naval explica que el reciente acuerdo de cooperación con la IV Flota de los Estados Unidos permitirá recibir donaciones de aeronaves pequeñas y un avión Orión en buen estado, con capacidad para ser utilizado como hospital o helipuerto. Fracchin opina finalmente que, como Gran Bretaña otorga licencias de pesca en el área de Malvinas, la Argentina debería prohibir que se pesque en sus aguas territoriales; sobre todo porque en las islas hay grandes frigoríficos para cargar buques y llevar la pesca a otros mercados.
Fuente: La Nación
