La actual crisis de confianza en el sistema judicial argentino ha puesto en evidencia la necesidad de un cambio profundo en los mecanismos de selección y control de los jueces. Según el último Índice de Confianza en la Justicia, elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, el nivel de confianza se encuentra en 48,7 puntos, una caída de 3,7 puntos respecto a la medición anterior.
La selección adecuada de los magistrados es solo el primer paso. Es esencial que el sistema cuente con controles eficaces y mecanismos de responsabilidad que garanticen el correcto ejercicio de la función judicial. Un juez, una vez en su cargo, puede tomar decisiones que afectan la libertad y los derechos de las personas durante décadas, lo que resalta la importancia de un control efectivo posterior a su designación.
Desde 2022, las Comisiones de Disciplina y de Acusación del Consejo de la Magistratura han funcionado de manera separada. En este período, se han acumulado cerca de 734 denuncias, de las cuales más del 90% han sido resueltas por la Comisión de Disciplina, generando solo siete dictámenes sancionadores, de los cuales tres han sido confirmados.
En contraste, la Comisión de Acusación, que maneja solo un 10% de las denuncias, ha presentado seis dictámenes acusatorios, resultando en la destitución de tres magistrados. Esta disparidad plantea interrogantes sobre la eficacia del sistema de control disciplinario, especialmente cuando una proporción significativa de los integrantes de la Comisión de Disciplina son jueces, lo que podría favorecer una lógica de autoprotección corporativa.
El debate sobre la independencia judicial es crucial; sin embargo, esta no debe implicar la ausencia de responsabilidad. La implementación de un régimen disciplinario que permita investigar y sancionar adecuadamente es fundamental para restablecer la confianza en la justicia. A su vez, la falta de un Código de Ética Judicial en la Justicia federal es una deuda institucional que debe ser saldada para fortalecer el marco de actuación de los magistrados.
En resumen, la mejora en la selección de jueces debe ir acompañada de sistemas de control que aseguren su responsabilidad. La confianza en la Justicia no solo se construye eligiendo bien, sino también exigiendo rendición de cuentas y garantizando que el ejercicio del poder judicial sea supervisado adecuadamente.
Fuente: La Nación
