El Gobierno de la provincia de Buenos Aires ha dictado una conciliación obligatoria por 15 días debido al cierre de la planta de Bunge en Campana, exigiendo la reincorporación de los 110 trabajadores despedidos y el pago de sus salarios durante las negociaciones.
La medida fue tomada por la delegación regional del Ministerio de Trabajo bonaerense, que calificó el conflicto como de «extrema gravedad«. Esta decisión se fundamenta en los artículos 30 al 34 de la Ley 10.149.
Según un acta a la que tuvo acceso la prensa, la cartera laboral ha intimado a Bunge a «abstenerse de tomar represalias» contra el personal representado por el sindicato, además de ordenar la retroacción de los despidos a la situación anterior al inicio del conflicto.
Como resultado, la empresa está obligada a reasignar tareas y a abonar los sueldos correspondientes a los 110 operarios cesanteados el pasado 26 de octubre, cuando se anunció el cierre de la planta.
La decisión del Gobierno se produjo tras tres audiencias sin acuerdo, la última de las cuales se llevó a cabo recientemente. Mientras que el Sindicato del Personal de Industria Químicas y Petroquímicas de Zárate exigía la restitución de los puestos laborales, Bunge se mantenía firme en su postura de mantener los despidos.
Ante la posibilidad de acciones directas por parte del gremio y la negativa de la empresa a reconsiderar su decisión, el Ministerio de Trabajo advirtió sobre la «alteración de la paz social» y reiteró la gravedad del conflicto.
Adicionalmente, se instruyó al sindicato a cesar las manifestaciones que se estaban realizando en Campana y en los accesos a la planta. Las partes han sido convocadas a una nueva audiencia programada para el próximo 20 de noviembre.
La planta de Campana, que pertenecía a Bunge, había operado durante 50 años y contaba con un 17,5% de participación de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) en la producción. En sus instalaciones se producían insumos vitales para el sector agroquímico y de fertilizantes.
Bunge ha justificado el cierre de la planta como resultado de un «extenso proceso de análisis» y evaluación de alternativas, citando limitaciones en la infraestructura, rezago tecnológico y cambios en el mercado.
Fuente: NA




