El oficialismo de la Cámara de Diputados está impulsando un trámite acelerado para firmar un dictamen sobre el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye modificaciones relacionadas con la Ley de Tierras Rurales.
Según fuentes legislativas, el dictamen de La Libertad Avanza y sus aliados mantendrá un límite del 15% a la extranjerización de tierras a nivel nacional, provincial y departamental, pero eliminará la restricción de 1.000 hectáreas en las zonas núcleo del país.
Este enfoque busca, por un lado, reducir los incentivos para que la oposición intente derogar el decreto 70/23 en la próxima sesión, y por otro, flexibilizar los controles sobre la extranjerización de tierras mientras se espera una resolución judicial sobre la ley 26.737 de 2011.
Reunión clave en las comisiones
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General se reunirán para discutir el proyecto que ya había sido aprobado en el Senado. La media sanción anterior se interpretó como una derrota para el Gobierno, que se vio obligado a retirar secciones que pretendían eliminar la Ley de Tierras, la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Integración Sociourbana.
Detalles del proyecto modificado
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada contempla cambios en las normativas de desalojos y expropiaciones. La declaración de utilidad pública se deberá justificar con claridad y la indemnización se calculará según el valor objetivo del bien, no por su valor sentimental.
Una de las modificaciones establece un tope del 30% de indemnización por lucro cesante, que debe ser debidamente acreditado, y la tasa de interés a aplicar será la del Índice de Precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación.
Protocolos de desalojo y vulnerabilidad
El nuevo texto define un marco para los desalojos, permitiendo al juez actuar rápidamente en casos de ocupación, siempre que el derecho del propietario sea verosímil. Además, se establece un protocolo de vulnerabilidad que requiere asegurar una alternativa habitacional para personas en situación crítica, como menores y adultos mayores.
Por último, el proyecto modifica la ley «Pierri» para facilitar la obtención de escrituras a aquellas familias que acrediten una posesión pacífica de su vivienda durante al menos 10 años. Esta iniciativa busca dar una respuesta más flexible a las necesidades habitacionales en el contexto actual.
Fuente: NA
