El Senado aprobó, por unanimidad, la ley de sustentabilidad de la deuda pública externa. Con este respaldo legislativo, el equipo económico comandado por Martín Guzmán buscará convencer a los acreedores de la necesidad de renegociar las condiciones para el pago de la deu da bajo legislación extranjera, estimada en US$140 mil millones.

La norma, que cosechó 65 votos positivos, se sancionó tras casi 9 horas de un debate por veces tenso, en el que el oficialismo y la oposición se endilgaron culpas y reproches por la situación actual de la deuda, calculada en US$320 mil millones.

El oficialismo agradeció el apoyo opositor aunque no se privó de cuestionar al anterior gobierno por la herencia recibida.

 

Puntos salientes del proyecto

La nueva ley de sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo legislación extranjera declara “prioritaria” para el país la renegociación de obligaciones contraídas y autoriza a invocar la inmunidad soberana contra el embargo de determinados bienes.

La norma impulsada por el Gobierno declara “prioritaria para el interés de la República Argentina la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera”, que se calcula en unos 142 mil millones de dólares.

La ley autoriza al Ministerio de Economía a “incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana”.

No obstante, establece que esa renuncia “no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad” de la Argentina con relación a la ejecución de ciertos bienes, como los del Banco Central, cualquiera perteneciente al dominio público en el país o cualquiera localizado dentro o fuera del territorio “que preste un servicio público esencial” entre otros.

La ley autoriza al Ministerio de Economía a emitir nuevos títulos públicos para modificar el perfil de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital, así como determinar plazos y procedimientos de emisión y designar instituciones o asesores financieros para el proceso de estructuración.

No obstante, las comisiones que puedan cobrar los bancos o asesores financieros que actúen como agentes colocadores “en ningún caso podrán superar el 0,1% por todo concepto del monto efectivamente canjeado y/o reestructurado”.

Fuente La Nación / Diario Popular